Artículos de opinión

(Mis opiniones. Mis creencias. Mis convicciones. Mis circunstancias.)

"No somos disparados a la existencia como una bala de fusil cuya trayectoria está absolutamente determinada. Es falso decir que lo que nos determina son las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos. Pero el que decide es nuestro carácter." José Ortega y Gasset.

La amnesia de la amnistía
Fecha: 2008-02-19

El debate en Nicaragua sobre una amnistía para liberar a Arnoldo Alemán no es nuevo ni ha sido manejado con disimulo: nos remonta antes de su sentencia a 20 años de prisión por lavado de dinero, fraude, malversación de caudales públicos, peculado, asociación e instigación para delinquir y delito electoral. Desde la condena a finales de 2003 se rumora la amnistía, mientras producto de negociaciones políticas surgían “alternativas” fragosas como el beneficio de “país por cárcel”.

Amnesia y amnistía son palabras etimológicamente hermanas; la primera es un olvido total, la segunda es el olvido de los ilícitos cometidos como si nunca ocurrieron, extinguiendo toda responsabilidad de los autores. Se aplica a delitos políticos bajo el supuesto que en ocasiones, con cambios de gobierno o regímenes, ciertos delitos dejan de tenerse como tal y castigarlos pierde sentido. Esto es importantísimo para emitir una opinión sobre el actual proyecto de amnistía discutido en la Asamblea Nacional, que había sido descartado desde inicios de 2004 por razones legales: la amnistía es para delitos políticos. Es alarmante que cuatro años después resurja con tanta fuerza este debate, sólo explicable por la afluencia de nuevos elementos enteramente políticos, véase la espada que resultado del escándalo de los CENI pende sobre Eduardo Montealegre (proclamado por un sector de la derecha como “líder de oposición”). Jurídicamente no hay espacio para amnistiar delitos comunes, por muy políticos que sean sus autores. Aquí entra la amnistía, extendiendo el beneficio pretendido por Alemán hasta Montealegre y una lista abierta de personas.

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Finalizando el 2007, el Presidente Ortega hizo pública la decisión de nombrar el 2008 como Año del Poder Ciudadano, llegando incluso a denominar su Administración como el Gobierno de la Jamahiriya, neologismo árabe acuñado por Gaddafi hace tres décadas para designar al sistema político libio comúnmente traducido como Estado de Masas. Al nombrar de esta manera al segundo año de su nuevo mandato presidencial, es claro que el Ejecutivo prioriza el tema del Poder Ciudadano y su método propuesto para instituirlo, los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Haciendo una analogía histórica, 1980 fue establecido como Año de la Alfabetización, por tanto, Fernando Cardenal (Coordinador de la Cruzada Nacional de Alfabetización) ha reconocido que “como era el Año de la Alfabetización, ésa era la prioridad nacional”. Así se explica la fuerte campaña con que el Gobierno terminó diciembre y ha iniciado el nuevo año.

Toda política pública o acción gubernamental que fortalezca los derechos y garantías de los nicaragüenses es digna de aplaudirse (Lincoln inmortalizaría en Gettysburg, 1863, aquella máxima de la cultura pop: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo); por eso es atrevido suponer que un nicaragüense cuestione o rechace un sistema democrático, máxime en Nicaragua donde ha costado sudor y sangre después de interminables pugnas políticas, guerras, desastres naturales y una feroz dictadura de casi 50 años. Pero con todo, siempre se ha dicho que los gobernantes y políticos deben ser cuidadosos de no hacer un mal procurando un bien. Los conceptos de libertad, ciudadanía y justicia social han variado y leído tristemente con impresión a través de nuestra historia, limitándose o extralimitándose. Hasta finales del siglo antepasado se consideraba ciudadanos sólo a quienes tuviesen una propiedad que “no baje de cien pesos” y, hasta 1955, las mujeres no tenían participación ciudadana plena pues no podían votar. En ambos casos, la interpretación política era limitada pues la Constitución estipulaba que “el pueblo es la fuente de todo poder político”. Por el contrario, durante la dictadura somocista la interpretación era extralimitada, y se encarcelaba y sometía a violencia física y sicológica a opositores a pesar que el Texto Supremo prohibía “todo acto de crueldad o tortura contra procesados y penados”.

Lo anterior merece recordarse cuando se pone en marcha una estrategia política que gravita alrededor del establecimiento definitivo de los CPC. Cabe la pregunta: ¿se está interpretando correctamente el valor crucial de democracia, soberanía y poder popular? Los CPC no es un tema que todavía goce de consenso nacional, a mí parecer no tanto por su función en sí (población organizada) pero por la forma en que se ha propuesto (el CENIDH señaló que toda participación ciudadana debe partir de las bases, de los gobernados, y no al contrario). Peor aún, paradójicamente los CPC fueron puestos en una escala jerárquica superior a la institucionalidad del país, a la representación política de la Asamblea y a las técnicas de la Ley de Participación Ciudadana (2003) que apenas comenzábamos a adueñarnos.

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La diputada nicaragüense Mónica Baltodano del Movimiento Renovador Sandinista, hizo pública recientemente  la posibilidad de presentar una iniciativa de ley para declarar incapaz al Presidente y removerlo de su cargo a tenor del Artículo 149 Cn., porque «(Ortega) está cada vez más fuera de la realidad». Dicho artículo establece como falta definitiva del Presidente o Vicepresidente «la incapacidad total permanente declarada por la Asamblea Nacional, aprobada por los dos tercios de los diputados». Las otras dos faltas mencionadas por el Texto Supremo son obvias: renuncia (aceptada por el Legislativo) o fallecimiento.

Si observamos nuestras Constituciones desde 1821, el 149 Cn. actual representa el único caso que tan cristalinamente faculta al Parlamento para remover al Presidente. No existen jurisprudencia ni recursos para el mismo. Su redacción vigente no solicita prueba de la incapacidad (dictamen médico de la minusvalía psíquica o física privativa que imposibilita para ejercer las tareas de gobernante). Se exigen, a secas, 62 votos del total de 92 diputados.

La incapacidad del gobernante jamás se consideró razón para que éste dejara el poder definitivamente. (Nota humorística: con las Cn. de 1948 y 1973, los Somoza sí podían «suspender los derechos» de los ciudadanos por incapacidad). Esta facultad parlamentaria ni siquiera estaba en la redacción de la Constitución de 1987, en donde de hecho, fiel a todas las anteriores, no se nombran las faltas temporales o definitivas del Jefe del Gobierno, limitándose a ofrecer la cadena de sustitución (Presidente-Vicepresidente-Presidente del Parlamento o quien haga sus veces). Es con la Ley 192 o las Reformas de 1995 con las que aparece la reescritura del 149 Cn., finalizando la amplia interpretación política anterior. En Nicaragua antes de 1995, la única mención constitucional que designa otra falta definitiva además del deceso, nos remonta a la Constitución Política de los Estados Unidos de Centroamérica (1898) y su Artículo 94: la «remoción» (sin detalles).

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Una frase veterana señala que las leyes innecesarias (o inútiles, según la traducción francesa preferida) debilitan a las leyes necesarias. Con certeza, Montesquieu jamás pensó en Nicaragua cuando en 1748 denunció en El espíritu de las leyes justamente eso (les lois inutiles affaiblissent les nécessaires), sin embargo, los nicaragüenses debemos reflexionar este consejo al hablar nuevamente de reformas constitucionales, específicamente del cambio de sistema presidencialista hacia uno parlamentarista.

En los periódicos, televisión y radios han circulado decenas de versiones a favor y en contra de cada postura, con mayor o menor rigor crítico. Mientras la pregunta de fondo es si realmente se requiere un cambio tan drástico en medio de tantas otras necesidades y carestías primordiales, la nota cumbre ha sido la férrea defensa mediática de Arnoldo Alemán hacia lo que chabacanamente bautizó como “parlamentarismo a lo nica”. ¿Es el líder del PLC el vocero de estas reformas?

Lo alarmante es que los actuales diputados jamás fueron delegados por el pueblo para cambiar el sistema, sino para operar y legislar dentro del ya existente: un cambio de sistema requeriría una reforma total y consecuentemente una Constituyente (en términos jurídicos, un Poder Constituido como el actual Parlamento jamás podría reformar al Poder Constituyente). Algunos académicos y un número mayor de políticos han tratado de obviar esta realidad argumentando que con sólo conservar al menos un(os) artículo(s) de la Constitución no se está frente a una reforma total sino parcial. Esto es absurdo, y para ilustrarlo basta un ejemplo cotidiano: si usted tiene un vehículo y le cambia el motor, batería, llantas, puertas, vidrios, tablero, modifica la carrocería inclusive el chasis, y deja únicamente el espejo retrovisor, ¿es el mismo carro mejorado o uno nuevo diferente? Siguiendo la analogía, una situación es ampliar el período del Presidente de 5 a 7 años (reforma parcial), y otra completamente distinta (reforma total) es agregar la figura del Primer Ministro y repartir nuevamente las funciones entre éste, el Presidente y la Asamblea Nacional. Por lo demás, el debate ha iniciado con mal pie: secretismo total, negociaciones dudosas y mecanismos no idóneos. El hermetismo fue roto gracias a investigaciones periodísticas para, a cuentagotas, tener las pretensiones hechas públicas por los emisarios y negociadores, evidenciado que las reformas se trabajan más en base al dandoydando que a necesidades de nación. Pero bueno, mientras usted lee este periódico acompáñeme y sigámosles la corriente, haciendo de cuenta y caso que lo anterior no es trascendente.

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Sobre el problema energético en Nicaragua se ha escrito y dicho en cantidad, y no necesariamente en los últimos días. Desde que tengo memoria el problema de los apagones ha sido frecuente, en mayor o “menor” intensidad. Es herencia de la corrupción e ineficiencia de gobiernos y del propio conflicto bélico de la década del ochenta.

Esta semana se anunció que el déficit de generación llegó a 100 megavatios (fuentes del sector energético ya habían asegurado que ha llegado a 118). Todos los elementos de la mala suerte convergen: incidentes imprevistos que sacan de operación a subestaciones eléctricas dejando a medio millón de usuarios sin luz; fin de la zafra azucarera (que aporta 60 megavatios); salida “repentina” de plantas térmicas por desperfectos o mantenimiento; subgeneración de plantas hidroeléctricas en Apanás por falta de lluvias (y manejo imprudente de Bolaños); resistencia en la región a vendernos energía; robo de cables… Unión Fenosa (UF) está haciendo “frente” a este problema con racionamientos de hasta 8 y 10 horas diarias. Lo preocupante es que las autoridades ven el problema (no hay energía) y no implementan alternativas lógicas y sencillas dentro del problema (¿qué podemos hacer para hacer tolerable la falta de energía?).

Para darnos una idea: Néstor Avendaño calculó que en dos semanas de los apagones crónicos de agosto de 2006 se perdieron al menos unos US$ 50 millones en la economía del país. Esto ya es un gran problema pero, aún siendo inevitables estos apagones, ¿es imposible encontrar alternativas para mejorar la productividad y tranquilidad nacional en medio de la crisis?

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(Nota de introducción para los lectores de Rebelión.)

Según la información en Wikipedia:

...Alemán y los suyos habían robado con más rapidez que durante la dictadura de Anastasio Somoza García, y (…) había amasado en el ejercicio de su cargo unos 250 millones de dólares. Por su parte la organización Transparencia Internacional ha calificado a Alemán entre los primeros diez gobernantes más corruptos a nivel mundial en los últimos 200 años. Alemán también sobrelleva otras acusaciones de corrupción en Panamá y Estados Unidos por blanqueo de fondos.

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